Enojo de judiciales por la media sanción de la Ley Orgánica de Administración de Justicia sin tener en cuenta las modificaciones que propusieron

Este pasado martes, el ultraoficialista Senado provincial le dio media sanción, tal cual fue enviado desde el Poder Ejecutivo, a los proyectos de reforma del Código Procesal y la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia que regulará la estructura judicial. “Fueron invitados a participar los colegios de abogados, los colegios de magistrados, personalidades jurídicas y legisladores, pero nosotros nos quedamos afuera de esa comisión. Sí nos invitaron a una comisión por Zoom para que nosotros diéramos los puntos que nosotros creíamos que debería contemplar la ley. De los puntos que presentamos, ninguno fue admitido en el proyecto de ley”, contó José Durán, secretario general del Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu).

“El principal perjuicio de la Ley Orgánica de Administración de Justicia es que, al día de la fecha, cualquier empleado puede llegar al último escalafón, que es el de prosecretario, pero en este proyecto piden que el prosecretario sea abogado. Esto no pasa en ningún lugar del país y merma la posibilidad de los que no son abogados de culminar su carrera administrativa”, explicó Durán.

También se pide que el Superior Tribunal de Justicia pueda celebrar un convenio colectivo de trabajo de manera directa con el sindicato, pero el proyecto establece que esto solo se podrá hacer “previo tratamiento por ley especial”. “Creemos nosotros que es para dilatarlo y que nunca se haga”, opinó el secretario general del Sijupu.

En el marco del tratamiento de estos proyectos, hace un año se solicitó una audiencia con el Senado, pero no hubo respuesta alguna. Este año, al enterarse de que la ley entró por el Senado, se volvió a pedir una audiencia, “para ir a explicarle a los senadores porque los trabajadores judiciales se veían perjudicados”, pero tampoco hubo respuesta. “Y ayer nos enteramos por los medios que le habían dado media sanción a esta ley sin nunca escucharnos”, comentó Durán.

Con respecto a las reformas de los Códigos Procesales, en primer lugar cabe explicar que la principal diferencia con el sistema actual es que serán los fiscales los que investiguen cada causa, y no los jueces de Instrucción, que pasarán a ser de Garantías. Para ello, explicó Durán, “el Poder Judicial va a tener que tener un gran presupuesto para llevar la reforma a cabo, ya que tiene muchísimas más oficinas, fiscalías y defensorías”.

Todo esto implica que se crearán nuevos puestos de trabajo, pero por el momento no se sabe quién los va a ocupar, ya que ni siquiera se han nombrado reemplazos para los más de 20 judiciales que se jubilaron o fallecieron durante el trascurso del último año. “Creemos que están guardando esos lugares que le corresponden a los empleados administrativos para estos nuevos funcionarios que, encima, van a ser propuestos por el Ejecutivo hasta que el Consejo de la Magistratura los designe, y no sabemos por cuánto tiempo”, dijo el secretario general.

Obviamente, el Sijupu ya ha pedido audiencia con los distintos bloques de la Cámara de Diputados para, nuevamente, tratar de explicar por qué el sector no está de acuerdo con estos proyectos. Por el momento, la diputada Eva Morel, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, se ha comunicado con Durán y los ha citado para escucharlos este viernes.

Si bien es extremadamente raro que los diputados del oficialismo realicen algún tipo de modificación a los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, al menos parece que están dispuestos a escuchar al sector de los empleados. “Vamos a explicar nuestros puntos y si nos dicen que sí, buenísimo, si nos dicen que no, que nos expliquen por qué no”, concluyó Durán.